En el camino hacia la privatización sanitaria encontamos varios escalones. En 1987 el Banco Mundial recomendaba a los gobiernos disponer de un marco en el que unos proveedores, generalmente privados, tuvieran un incentivo para ofrecer a las familias servicios que estas desean y por los que están dispuestos a pagar, incluyendo los servicios sanitarios o el suministro de aguas, por ejemplo. En su propuesta de actuación el primer paso era trasladar a los usuarios los gastos en la utilización de las prestaciones, es decir, el copago; el segundo y tercero ya eran ofrecer esquemas de aseguramiento utilizando recursos privados. Entre esos dos pasos hay un escalón intermedio, las Iniciativas de Financiación Privada (PFI), que ya se ha puesto en marcha en Comunidades Autónomas como Madrid, Valencia o Castilla La Mancha, todas gobernadas por el Partido Popular.

Mediante esta fórmula, empresas privadas financian la construcción de hospitales para el sistema público. La Administración pública presta y controla lo estrictamente sanitario (aunque en algunos casos también se traslada y estaríamos entonces hablando de una concesión administrativa), paga un canon anual a las empresas durante el tiempo acordado, que oscila entre los 30 y los 60 años, y les subcontrata la construcción, mantenimiento, limpieza, seguridad, catering, hostelería, servicios auxiliares, logística, gestión de la documentación y administración de los centros.

Las bondades que se le atribuyen son siempre las mismas: Gestión más eficiente y reducción del gasto sanitario. La experiencia ha demostrado que no son legítimas, veamos por qué:

¿Conllevan las IFP una disminución del gasto sanitario?

Debido a que la inversión inicial es privada es verdad que en un primer momento estos sistemas permiten hacer frente a grandes proyectos sin aumentar el déficit. Sin embargo, lo que se hace en realidad es hipotecar el futuro, puesto que si bien los pagos negociados de arrendamiento no se presupuestan, son compromisos económicos que deberán cumplir los sucesivos gobiernos durante décadas.

Por otro lado se ha demostrado que a largo plazo el desembolso es mucho mayor. Esto ocurre por dos razones: en primer lugar porque para financiarse las empresas deben hacer frente a un interés mayor que la administración y en segundo lugar porque el sector privado debe producir beneficios para sus inversores. Encontramos un ejemplo cercano en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Esperanza Aguirre promovió la construcción de siete hospitales de modelo PFI presupuestados en 761 millones de euros, pero el coste que deberán abonar los contribuyentes durante los siguientes años asciende a 4284 millones. Más globalmente encontramos el caso del Reino Unido donde se ha demostrado un aumento medio en el gasto entre el 72% y el 85% desde la aplicación de este modelo.

¿Es la gestión sanitaria privada más eficiente?

La eficiencia es un concepto interesante, hace referencia a la relación entre los recursos empleados y los resultados obtenidos  pero puede variar enormemente en función de cuáles sean los resultados esperados, ya sea la mejoría de los parámetros sanitarios de una sociedad o una retribución económica. Los hospitales PFI no han sido planificados para atender las necesidades de la población, sino para obtener la máxima rentabilidad de una inversión. Son prácticas frecuentes el recorte de prestaciones, la disminución del número de camas y la selección de riesgos, consistente en derivar a los pacientes crónicos y las patologías más complejas y costosas a hospitales públicos. Además suelen contar con plantillas más reducidas, salarios inferiores y condiciones laborales más precarias.

Al margen de todas las consideraciones económicas hay que señalar que estos hospitales son generalmente peor valorados por los usuarios, lo que evidencia que estas iniciativas a parte de no mejorar la gestión, tampoco mejoran el servicio y simplemente abren un nuevo mercado de lucro a costa de las necesidades sanitarias de los ciudadanos.

A pesar de ello, algunos sectores de la sociedad consideran que el gasto sanitario es excesivo en estos tiempos de crisis y proponen el copago como impuesto sobre el servicio, a pagar por el usuario. Los más moderados proyectan una tasa de carácter disuasorio para evitar el abuso al que, dicen, se somete el sistema. En realidad, disuasoria o recaudatoria, esta medida no es solo injusta y cruel sino que es ciegamente cortoplacista. Es injusta porque obliga a hacer un esfuerzo económico superior al enfermo, cuando es evidencia médica que la prevalencia de enfermedad es mayor en las personas de bajo nivel socioeconómico. Es cruel porque tasa el bienestar de una persona que acude al sistema necesitada en un momento de debilidad. Y por encima de todo es un desastre de planificación sanitaria a largo plazo. La gran mayoría de los avances en medicina de los últimos tiempos se basan en la detección y tratamiento precoz, teniendo en cuenta que una biopsia, una pastilla o sencillamente el cambio en el estilo de vida a tiempo, ahorra sufrimiento al enfermo y dinero al sistema. El aplazamiento de una consulta de atención primaria origina más tarde costosos tratamientos oncológicos, farmacológicos o quirúrgicos que aumentarán el gasto sanitario.

Desde JSE-Egaz Zona Minera creemos que la universalidad de la sanidad española, su libre acceso y su internacionalmente reconocida eficiencia son un motivo de orgullo y defendemos la necesidad de mantenerlos como tales. En este sentido deberían tomarse en consideración medidas como las que propuso Rubalcaba en su programa, dirigidas a optimizar los recursos. Por ejemplo, fomentar la compra de medicamentos, productos sanitarios, equipos y tecnologías asistenciales de manera centralizada; implantar criterios comunes de eficiencia energética; financiar sólo el medicamento eficaz más barato o mejorar la gestión de los cobros del SNS a terceros.

Es cierto que el gasto sanitario será mayor en el futuro, el aumento de la esperanza de vida y la cronificación de enfermedades antes mortales precisarán que desarrollemos nuevas estrategias. Pero nuestra sanidad pública no es un lujo como quieren hacernos creer, sino un derecho, otorgado por nuestra recién homenajeada Constitución. De modo que, en la medida de lo posible, tratemos de encontrarle a este problema salidas por la izquierda.

Orain arte, gizarte bezala eman ditugun pausoek geure hizkuntzaren oinarria finkatu dute, geure izaeraren parte izaten jarraituko duela bermatu dute. Hemendik abiatuz normalizazioaren bidetik jarraitu eta guztion ahaleginaren bitartez, euskarari merezi duen garrantzia itzuli behar diogu, ez lengoaia zaharkitu eta agurgarri moduan, baizik eta zor diogun kemen eta gaurkotasunarekin.

Atzo bertan, ehun urtean behin gertatzen diren kasualitate bat izango balitz bezala, berbalagun programan parte hartzen zeuden neska-mutil batzuekin egin nuen topo arratsaldeko kafea hartzen nengoela, sarrera honetan zer kontatu behar nuen pentsatuz. Ez da gauza arraroa horrelako talde batekin topatzea, baina hain gazteak zirenez deigarria iruditu zitzaidan. Hamabost edo hamasei urte izango zituzten. ‘Zerbait ondo egiten ari garenaren seinale’ pentsatu nuen.

Lengoaiaren inguruan osatzen dugu gure nortasuna, batez ere gazteak garen bitartean hartzen ditugun erabakien bidez. Gaur egun gazte euskaldun guztiok daukagu euskara ikasteko aukera, eskola publiko zein pribatuetan, institutuetan eta euskaltegietan, baina aukera izateak ez du beti interesa pizteko ezta zabaltzeko balio, hau da aurretik daukagun erronka nagusia. Etorkizuna ez da gazteok euskaraz hitz egiteko ahalmena eta baliabideak izan ditzagun, baizik eta euskaraz bizitzeko nahia eta gogoa.